Choque en tribunales y vidas destrozadas por el Caso ERE

Un gobernante no debería ir a la cárcel por aplicar una ley. Pero en 2010, la jueza Mercedes Alaya se empeñó en que varios miembros del gobierno de Andalucía, precisamente por aplicar una ley, habían cometido un delito. La norma que aplicaron regulaba subvenciones públicas a los despidos incentivados en empresas privadas. Por aquel entonces, el Partido Socialista llevaba 37 años en el poder en esa región, un bastión inexpugnable para la derecha.

Los tribunales sí probaron que algunos funcionarios y cargos intermedios de aquellos gobiernos habían desviado hacia sus bolsillos parte de las subvenc